(Prensa ARI-CC) Por medio del proyecto de ley aprobado en primera vuelta, de autoría del Legislador Daniel Cortés, se crea una comisión investigadora sobre un caso emblemático: la provincia habría vendido 32 has. cercanas a El Bolsón por $ 25.948,89, siendo su valuación Fiscal de $ 85.550,76 y la Valuación Fiscal para el cálculo del Impuesto Inmobiliario de $ 51.330,46. Ahora se pretende su expropiación a precio altamente superior.
Durante el debate en el Parlamento, Odarda manifestó: “...La tierra tanto como el agua, deben ser considerados bienes sociales y los Estados debieran garantizar el acceso a todas las personas a ocupar y usufructuar una porción de la misma en tanto es un recurso natural insustituible y básico para el desarrollo humano, y el desarrollo económico y cultural de los pueblos. La transformación de la tierra en un objeto de mercado, sujeto a precios que responden a la lógica del capital, ha despojado a millones de la posibilidad de acceder a ella así como a los recursos y a las potencialidades que contiene. En nuestro país esta apreciación mercantilista fue creciendo en los últimos años y hoy la tierra es usada, y ultrajada también, por la actividad de las industrias extractivas (agroforestales, mineras, hidroeléctricas, petroleras, etcétera) a lo largo de nuestro territorio, mientras se desplaza a comunidades originarias y pueblos enteros hacia el anonimato en las márgenes de las grandes urbes, sin tierra. Lo que preocupa a los que nos comprometemos políticamente en la defensa del territorio como bien social, es la facilidad y vehemencia con la que los estados nacional, provincial y no pocas veces municipales, hacen suyos los argumentos y defensa de los intereses de los inversores, olvidando los intereses colectivos. Sorprende también como se fue relegando el sentido social de la ley 279.
En Río Negro, la mayor cantidad de conflictos con las tierras fiscales se registran en la región andina y sud oeste. Esto coincide con un incremento en los valores inmobiliarios y la presencia de fuertes intereses empresarios, a veces de origen extranjero. Obviamente esta región posee bienes naturales muy apreciados lo que seria la causa primigenia de esta situación. Por eso, a fin de restaurar el sentido social que tuviera la tierra, será necesario la implementación de programas integrales de desarrollo, desestimulando el negocio inmobiliario y posibilitando emprendimientos productivos de bajo nivel de riesgo. Todo esto debe ser acompañado por el estado, en asistencia técnica, capacitación y asistencia económica y comercial.
La formación de esta comisión de Investigación, resulta muy interesante para develar los intereses intrincados en la venta de las tierras fiscales, aunque será necesario revisar mucho más a fondo gran cantidad de situaciones, que en forma dispersa han sido denunciadas por organizaciones sociales y personas, como la falta de entrega de títulos comunitarios a comunidades indígenas, demora en la entrega de títulos de propiedad a ocupantes que hace decenas de años viven allí, venta de tierras a pecios que no se corresponden con los del mercado, etc. Para ello, anuncio la presentación de un nuevo proyecto de ley para ampliar las facultades de la presente comisión investigadora. Sobre conflictos de tierras, cabe mencionar algunos otros casos emblemáticos como los existentes en la zona del Río Azul (El Bolsón), el reclamo de la comunidad mapuche Loncón en cercanías de Comallo, el reclamo en Bahía Creek (costa atlántica) sobre corrimiento de alambrados en perjuicio de otra comunidad indígena, entre otros. No nos cabe duda que cientos de diversos reclamos transitan los pasillos de las oficinas de la Dirección de Tierras y que otras tantas denuncias esperan ser investigadas.
La política de tierras fiscales, también se relaciona íntimamente con el fenómeno de EXTRANJERIZACION DE LA TIERRA que padece la Patagonia y el país en su conjunto. En el 2005, según cálculos de la Federación Agraria Argentina -información corroborada con otras fuentes- se determinó que casi un 10 por ciento del territorio nacional - unos 270 mil kilómetros cuadrados - está vendido a extranjeros o a la venta. Hasta mayo de 2004, unas 31,4 millones de hectáreas correspondientes a las mejores tierras cultivables del país estaban en venta o en proceso de ser vendidas a inversores extranjeros. De los 31,4 millones, 17 millones (53,8%) ya habían sido vendidas a conglomerados extranjeros mientras que unos 14,5 millones (46,2%) estaban hipotecadas en la banca pública.
Cabe hacer mención al proyecto nacional presentado por la Federación Agraria Argentina y que renueva viejas iniciativas presentadas por diputados nacionales como Elisa Carrió y Susana García en base a propuestas de esa entidad defensora de los derechos de los pequeños y medianos productores.
En Río Negro, el fenómeno de la extranjerización avanza a paso firme, y ya dejó de ser un fenómeno privativo de la zona cordillerana. La escalada de pérdida de soberanía sobre la tierra, crece todos los días en las áreas costera, en el Alto Valle (donde en 6 años desaparecieron mas de mil establecimientos agropecuarios), en el valle medio, en la mesata de Somuncura, en la línea sur rionegrina, etc. Mas preocupante aún es la situación de las llamadas áreas de SEGURIDAD o áreas de SEGURIDAD DE FRONTERAS, donde también se da el proceso de extranjerización. Estas zonas se consideran una franja de 150 km de frontera desde la cordillera y de 50 km en las costas, y carecen en nuestro país de protección cierta, ante el avance de capitales foráneos que invierten en regiones ricas en recursos naturales. Ya en 1997/1998 durante el gobierno de Menem – según las investigación de la escritora y periodista María Seoane- se autorizó a extranjeros la compra de 8 millones de has. en esas zonas fronterizas.
En los últimos años 15 años, el crecimiento de la extranjerización de propiedades en estas zonas estratégicas, parece haber quebrantado el espíritu de la ley de Defensa Nacional, quedando demostrado que nuestro país ha involucionado en materia de restricciones. Tal como lo manifiesta Seoane, los inversores foráneos “Buscan áreas estratégicas en lo que se considera "zona de seguridad". Son lugares claves para el país, por su potencial económico y sus recursos naturales. En el último año y medio, el Gobierno recibió mil pedidos de permisos de inversores que quieren hacer pie en la Argentina. El control es muy débil.”
En función de estos argumentos, queda a las claras la importancia de aprobar la creación de esta Comisión Investigadora para el caso “DEL GAUDIO”, que puede significar la “punta del iceberg” en análisis e investigación sobre la política de tierras llevada a cabo en nuestra provincia hasta el momento.Una nueva POLÍTICA DE TIERRAS FISCALES, debe pasar a ser una alta preocupación del Gobierno, -que como política de Estado-, debe llamarse a proteger las tierras y el agua rionegrina, no solo para quienes hoy la habitamos, sino fundamentalmente, para nuestros hijos y nuestros nietos.
